En un giro decisivo de la causa conocida como "Ruta del Cobre", la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito que había beneficiado a los titulares de chatarrerías en San Pedro y San Nicolás, Jonathan Panizza y Roberto Andriola, respectivamente. La decisión marca un paso firme hacia la elevación del expediente a juicio. El juez Carlos Villafuerte Ruzo había dictado la falta de mérito a fines de 2023, considerando que no existían pruebas suficientes para procesar a los cuatro imputados, que incluían también al padre de Panizza y a un empleado de Andriola. Sin embargo, la Fiscalía Federal a cargo de Matías Di Lello apeló la resolución y la Cámara hizo lugar a su pedido, dejando sin efecto la decisión inicial. Wenceslao Hernando Insúa, fiscal coadyuvante de la causa, destacó que la resolución de la Cámara constituye “un paso fundamental” para la prosecución del proceso judicial. La investigación se inició tras una denuncia de la empresa Telecom por el robo de cables, un delito que se detectó en varios episodios similares y que involucró allanamientos tanto en chatarrerías como en domicilios particulares. La Policía Federal llevó adelante los procedimientos en las propiedades de Panizza, en San Pedro y Santa Lucía, y de Andriola, en San Nicolás. Entre los elementos secuestrados se encuentran más de 7.500 kilos de cobre, cuya sustracción representa un ataque a servicios públicos esenciales, además de formar parte de un circuito ilegal de acopio y reventa de metal. En su defensa, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, sostuvo que los materiales incautados provenían de compras legítimas a empresas como Coopser, Papel Prensa y Dycasa, y presentó las facturas correspondientes para justificar la procedencia de los cables. Argumentó que nadie que adquiriera cables robados los guardaría de manera tan organizada ni los mantendría en su domicilio. No obstante, la Cámara de Apelaciones consideró que la acumulación de evidencias permite inferir la comisión del delito, y los imputados quedaron formalmente procesados. Este fallo habilita a la Fiscalía a solicitar la elevación del caso a juicio, consolidando la importancia de la investigación no solo por el volumen de cobre sustraído sino también por el impacto social y económico de este tipo de ilícitos. La causa "Ruta del Cobre" refleja cómo el acopio ilegal de metal puede afectar a la comunidad y a empresas que prestan servicios esenciales, mientras genera beneficios económicos indebidos a quienes participan en el circuito ilícito. La resolución judicial es, según especialistas, un mensaje claro sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos y garantizar la seguridad de los servicios públicos. Para la opinión pública, esta decisión podría marcar un precedente en la persecución de delitos relacionados con el robo de materiales estratégicos y demostrar que la justicia federal avanza incluso ante intentos de sobreseimiento iniciales. NORTE HOY